En los catorce meses que lleva en vigor la nueva Ley de conservación de datos, el Ministerio del Interior, responsable de esta tarea, sólo ha logrado que una pequeña parte de los clientes de móviles que ya tenían tarjetas de prepago se identifique.
De los 20 millones de líneas de prepago que había en España al cierre de 2008, sólo unos cinco millones, según los cálculos del sector, están identificados. Corresponden, en su práctica totalidad, a los nuevos clientes captados por las operadoras móviles en el último año, que tienen que comunicar, por la nueva ley, sus datos (nombre y DNI) para recibir el alta.
HerramientaEl Ministerio del Interior pondrá en marcha una nueva herramienta en su página web, con vínculos desde las web de todas las operadoras móviles, que permitirá a los usuarios identificarse de manera sencilla.
La labor de seguimiento de la bolsa de clientes de móviles prepago es, no obstante, ardua. El Gobierno trata de involucrar a los distribuidores para que exijan a los clientes que comuniquen sus datos cuando recargan sus tarjetas. Para los operadores de telecomunicaciones móviles, el coste de la implantación de las medidas necesarias para garantizar la identificación superan los cincuenta millones de euros.
Pero el coste de estas medidas no es el mayor problema. Aunque las actuaciones contempladas en la Ley de Conservación de Datos se pusieron en marcha por la iniciativa de la Comunidad Europea tras el shock que produjeron los atentados del 11-M en marzo de 2004 en Madrid, y julio de 2005 en Londres, los operadores de telecomunicaciones manifiestan, en privado, su escepticismo acerca de la eficacia que aportará una solución tan costosa para combatir el crimen organizado o el terrorismo internacional.
EscepticismoEn primer lugar, la identificación de los usuarios de tarjetas de prepago no es exhaustiva, puesto que se produce en el punto de venta y ante personal que no está especializado en contrastar la autenticidad de la documentación, por lo que es relativamente sencillo utilizar documentos falsos.
Además, es posible evitar este control puesto que es posible utilizar tarjetas de prepago de otros países cercanos (como, por ejemplo, Marruecos), que no tienen implantado este sistema de identificación personal.
Otra consecuencia de la medida que entrará en vigor el 8 de noviembre es que, casi con toda seguridad, producirá una importante limpieza de la cartera de clientes de los operadores de telefonía móvil. Normalmente, las compañías del sector desconectan la línea de aquellos usuarios que permanecen inactivos. Del mismo modo, las personas que no hayan sido identificadas antes del próximo 8 de noviembre podrían ser dadas de baja.
Leído en: http://www.expansion.com
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